LONDRES, R.U. — 23 de agosto de 2023 — (NOTICIAS NEWSWIRE) — El pasado 15 de agosto, la abogada Helen Duffy de Human Rights in Practice, que representa a Baltasar Garzón a nivel internacional, recibió el informe del mecanismo de seguimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) que concluye que España está incumpliendo la decisión de dicho Comité en el caso Garzón c. España.
En su decisión de agosto de 2021, el CDHNU encontró múltiples violaciones de los derechos humanos de Baltasar Garzón, como resultado de su destitución y enjuiciamiento penal arbitrario basado en sus interpretaciones judiciales en los casos Franquismo y Gürtel (relacionados con la investigación de crímenes de lesa humanidad y corrupción de alto nivel).
El organismo de la ONU determinó en dicha ocasión, de forma clara y contundente, que España debía hacer una «reparación integral» al juez de la Audiencia Nacional y pidió al gobierno español que informase sobre las medidas tomadas al respecto en un plazo de 180 días. Dos años después, España ha mostrado un flagrante desprecio por la autoridad del Comité de Derechos Humanos y las obligaciones internacionales vinculantes que tiene en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
De hecho, sus respuestas tardías al Comité no han indicado ninguna medida significativa para proporcionar la «reparación integral» requerida.
Según el derecho internacional, frente a las violaciones, los Estados deben proporcionar reparación, incluida la restitución, la compensación y las «garantías de no repetición» para garantizar que tales casos no puedan surgir en el futuro. En un caso como este, esto se traduce en reconocer daños y perjuicios, el “borrado” de antecedentes penales injustificados y emprender una reforma legal y judicial, necesaria para salvaguardar la independencia judicial. Como señalaron algunos miembros del comité de la ONU en la decisión de 2021, la reparación también implica implícitamente la restitución o reincorporación de la víctima a su antiguo papel judicial.
El hecho de que España no haya tomado aún ninguna de las medidas necesarias ha desembocado en una nueva resolución condenatoria por parte del mecanismo de seguimiento del Comité:
• Sobre la indemnización y la extinción de antecedentes penales, la respuesta del gobierno español se considera «insatisfactoria», porque «no es relevante o no implementa la recomendación».
• En cuanto a las medidas más amplias necesarias para garantizar la no repetición, los hallazgos son más claros ya que la respuesta del Estado va en contra o rechaza la recomendación del organismo de la ONU.
Baltasar Garzón ha requerido al Ministerio de Justicia para que el Gobierno cumpla con el dictamen del Comité, y ante su incumplimiento ha denunciado a aquel de nuevo ante dicho Comité, a través de su mecanismo de seguimiento, que, ahora, le otorga de nuevo la razón y pone en evidencia el incumplimiento de España de una decisión que le vincula en virtud de lo dispuesto en el Pacto de Derechos Civiles y políticos y su Protocolo, debidamente ratificados por nuestro país.
Esta resolución del Relator de la ONU sobre el seguimiento, en la que también se denuncia el incumplimiento por parte de otros países como Angola, Kyrgysztan, Kazajstán o Ucrania, señala que continuará tratando de comprometerse con el gobierno español para garantizar la plena implementación. Es esencial que el gobierno responda con prontitud y eficacia para demostrar que se toma en serio sus obligaciones internacionales y la importancia de la independencia judicial, en un caso como este, que supuso la pérdida de la carrera profesional como juez de Baltasar Garzón.
Mientras tanto, Baltasar Garzón seguirá reclamando al gobierno español el cumplimiento del dictamen del Comité que estableció que la sentencia proferida en su contra por investigar el caso Gürtel fue parcial y arbitraria, con ausencia de previsibilidad de la conducta sancionada y sin acceso a la doble instancia.